El
Consejo de Monumentos Nacionales de Chile ha solicitado al Consejo de Defensa
del Estado que se pronuncie sobre las responsabilidades administrativas y
penales que pueden corresponderle a la entidad y a las personas que lo integran
frente a los delitos de destrucción de sitios arqueológicos que, en cada
versión, comete el Rally Dakar.
El
problema que ha generado la competencia pseudo deportiva del Dakar, en Chile,
es complejo y grave. Así lo afirma públicamente el Colegio de Arqueólogos de
Chile que siempre ha apoyado sus argumentos en la documentación que emana del
Consejo de Monumentos Nacionales, organismo técnico del Estado encargado de
proteger el patrimonio histórico y cultural de Chile.
Prueba
de la gran preocupación es el angustioso oficio 5216/12 que envía el Consejo de
Monumentos Nacionales al Ministro de Educación el 18 de diciembre pasado, en
donde informan sobre los daños al patrimonio arqueológico producido por la
realización de la competencia Dakar y solicita informe jurídico al Consejo de
Defensa del Estado sobre las responsabilidades administrativas y penales que
les pudieran caber “respecto del daño que se ha generado y que se conoce
generará por el paso del Rally Dakar 2013”.
Se
basan en los artículos 38 y 39 de la Ley de Monumentos Nacionales que sanciona
con pena privativas de libertad, pecuniarias y administrativas a los
“funcionarios públicos que de alguna manera faciliten su destrucción”.
