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| La resistencia indígena contra el abuso y la prepotencia. |
La
costumbre generalizada de invadir territorios, apropiárselos y destinarlos a su
explotación, de la peor manera, le está costando caro al Consorcio Norte
Energia, constructor de la central hidroeléctrica Belo Monte en la selva
amazónica de Brasil, llamada a ser la tercera más grande del mundo.
La
orden de cancelar la obra de Belo Monte (en el estado de Pará) fue dada en
forma unánime por el Tribunal Regional Federal de la Primera Región el 13 de
agosto pasado porque los empresarios no respetaron la Constitución ni el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no consultar
a las comunidades indígenas afectadas.
Pero,
este no es el resultado de una buena administración de justicia, sino, es el
efecto de la enorme presión a través de las movilizaciones de las comunidades
nativas con amplia repercusión internacional que creció inconteniblemente a
partir del inicio de la construcción de la central hidroeléctrica en el año
2011.
Es
bueno recordar que en el mes de abril de ese año la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos también solicitó la suspensión de la construcción de Belo
Monte, justamente por falta de consulta a los nativos, pero el gobierno brasileño
rechazó la resolución del organismo de justicia internacional.
La
suspensión judicial, de todas maneras, ha fortalecido las esperanzas del
movimiento de resistencia indígena contra Belo Monte y ese modelo de
hidroeléctricas que depreda y destruye la vida y el ambiente.
