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| Niños Achuar llegados a Lima el 2007 pidiendo atención médica por tener en la sangre altas concentraciones de plomo y cadmio que lanza al río la empresa Pluspetrol. |
Las denuncias se suceden día tras día. Las comunidades indígenas,
principalmente asentadas en la Amazonía peruana, siguen luchando para
que se les escuche y se actúe contra las empresas transnacionales
depredadoras; pero aún no consiguen la tan ansiada justicia para ellos.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, se han organizado y haciendo
causa común en defensa de sus territorios han logrado torcerle un tanto
el brazo a los funcionarios del aparato estatal del Perú, que por
siempre han actuado como defensores incondicionales de las
transnacionales que no sólo trabajan en la parte amazónica, sino en todo
el territorio peruano.
Es así como, presionado por las movilizaciones de la federación indígena Achuar (región Loreto), por la solidaridad internacional y por la misma realidad, el poder legislativo se vio obligado a formar una comisión de cuatro congresistas para que constate la contaminación provocada por la empresa argentina Pluspetrol que derrama petróleo, vierte material químico diverso y bombea la producción de aguas altamente tóxicas en los ríos utilizados por las comunidades indígenas.
Una vez constatada la denuncia en toda su cruel realidad, los cínicos empresarios culparon a los indígenas peruanos de haber propiciado los derramamientos para envenenarse ellos mismos.
A la comisión de congresistas no le quedó otra opción que propiciar una Resolución Suprema para superar los problemas ambientales que afectan a los Achuar y así bajar las tensiones por la existencia de 282 conflictos del mismo orden en todo el Perú.
Pero, siendo la ley letra muerta, la contaminación sigue como siempre. Incluso ésta jamás se suspendió, ni cuando la comisión de congresistas estuvo en la zona denominada Trompeteros el 26 de junio próximo pasado.
Los Achuar saben que la empresa seguirá con la conducta de siempre: corromper a los funcionarios estatales y así proseguir con su producción altamente beneficiosa desde el punto de vista empresarial, pero contundentemente perjudicial para las comunidades indígenas y el medio ambiente.
Sólo la presión constante podría producir resultados contra la confabulación que ha permitido a PlusPetrol operar con total impunidad por tantos años, a pesar de existir dispositivos legales que no permiten contaminar el medio ambiente, en teoría.
Mientras tanto, la ira de las comunidades indígenas sigue aumentando en la medida que hasta la fecha no consiguen, en la práctica, un poco de justicia que es largamente esperada.
Por ello, los dirigentes indígenas son conscientes que su organización y movilización se verán fortalecidos si logran su unificación, lo que obligará realmente a los gobernantes peruanos a realizar los cambios necesarios.
Es así como, presionado por las movilizaciones de la federación indígena Achuar (región Loreto), por la solidaridad internacional y por la misma realidad, el poder legislativo se vio obligado a formar una comisión de cuatro congresistas para que constate la contaminación provocada por la empresa argentina Pluspetrol que derrama petróleo, vierte material químico diverso y bombea la producción de aguas altamente tóxicas en los ríos utilizados por las comunidades indígenas.
Una vez constatada la denuncia en toda su cruel realidad, los cínicos empresarios culparon a los indígenas peruanos de haber propiciado los derramamientos para envenenarse ellos mismos.
A la comisión de congresistas no le quedó otra opción que propiciar una Resolución Suprema para superar los problemas ambientales que afectan a los Achuar y así bajar las tensiones por la existencia de 282 conflictos del mismo orden en todo el Perú.
Pero, siendo la ley letra muerta, la contaminación sigue como siempre. Incluso ésta jamás se suspendió, ni cuando la comisión de congresistas estuvo en la zona denominada Trompeteros el 26 de junio próximo pasado.
Los Achuar saben que la empresa seguirá con la conducta de siempre: corromper a los funcionarios estatales y así proseguir con su producción altamente beneficiosa desde el punto de vista empresarial, pero contundentemente perjudicial para las comunidades indígenas y el medio ambiente.
Sólo la presión constante podría producir resultados contra la confabulación que ha permitido a PlusPetrol operar con total impunidad por tantos años, a pesar de existir dispositivos legales que no permiten contaminar el medio ambiente, en teoría.
Mientras tanto, la ira de las comunidades indígenas sigue aumentando en la medida que hasta la fecha no consiguen, en la práctica, un poco de justicia que es largamente esperada.
Por ello, los dirigentes indígenas son conscientes que su organización y movilización se verán fortalecidos si logran su unificación, lo que obligará realmente a los gobernantes peruanos a realizar los cambios necesarios.
